Quito, 24 de abril de 2019
Estimadas vecinas y vecinos,
queridas compañeras y compañeros;
La rendición de cuentas se realiza para cumplir con un requisito legalmente establecido, pero es además un proceso político administrativo; nosotros creemos que hay que hacerla porque sirve para una profundización democrática, porque eso es lo que legitima nuestro accionar y permite medir lo bueno que hemos hecho, la eficacia de los resultados, los errores que habrá que corregir y de los que debemos aprender.
Empiezo este informe de casi 5 años de trabajo como concejal de Quito, expresando un profundo agradecimiento a las vecinas y vecinos del Distrito, a las organizaciones sociales, a las autoridades de los GAD parroquiales y, especialmente, a los moradores de las 33 parroquias rurales que nos han motivado día a día y sin los cuales no podría entenderse nuestra gestión.
El trabajo realizado por el Concejo Metropolitano de Quito en este período ha estado, como coinciden todos los quiteños, ensombrecido por una administración municipal marcada por el desconocimiento, la improvisación, y la falta de planificación.
La retahíla repetida en forma permanente, de que los concejales obstaculizaron la gestión del alcalde, que fue amplificada por los medios de comunicación que auparon su elección y se beneficiaron de la permanente e intensa campaña de propaganda, durante todo el período, será develada cuando los comunicadores e historiadores serios escriban sobre la administración municipal de Rodas que, casi en el cien por ciento de votaciones de ordenanzas y resoluciones presentadas en el Concejo Metropolitano de Quito, fueron aprobadas en forma unánime o por una gran mayoría de votos.
Proyectos que en la administración del alcalde Barrera quedaron planificados y financiados, como por ejemplo el Metro de Quito, que empezó su ejecución con 15 meses de retraso y un valor adicional de más de 500 millones de dólares aproximadamente, dejando de lado componentes importantes como el sistema integrado de recaudo y las estaciones de transformación eléctrica; adicionalmente, aún no se realiza la reestructuración de rutas y frecuencias o la definición del modelo de funcionamiento y operación, indispensables para que el sistema funcione.
Otras propuestas propias de su campaña quedaron sin ejecutase, por falta de sustento técnico y legal, como la mal llamada Solución Vial Guayasamín o el sistema de transporte Quito Cables, que están suspendidos y quizá nunca se concreten produciendo a la ciudad millonarias pérdidas; u obras inconclusas como la Avenida Simón Bolívar en la que está pendiente la construcción de los necesarios puentes peatonales y el alumbrado público.
Hemos sido testigos de la indignante forma en la que se han manejado temas fundamentales para la ciudad como la movilidad y el transporte, la gestión de riesgos, la preservación del patrimonio, la relación del comercio autónomo con el espacio público y la gestión integral de residuos sólidos, producto del cual los quiteños hemos vivido graves consecuencias humanas y ambientales.
Mi visión la he enmarcado en los enunciados del Derecho a la Ciudad, paradigma que proporciona un marco alternativo para pensar la ciudad en su dimensión urbana y rural, en el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Fui electa concejal por la ruralidad, pero mi atención estuvo siempre en todo el Distrito Metropolitano, aunque debo confesar que mi preocupación mayor estuvo en las 33 parroquias rurales porque han sido históricamente las menos atendidas. Hace treinta años la población del DMQ era de 893mil habitantes, en 16.297 hectáreas, en la actualidad sus habitantes y mancha urbana se han triplicado.
Soy parte de tres comisiones permanentes:
- Comisión de Desarrollo Parroquial, en calidad de presidenta;
- Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, como vicepresidenta y,
- Comisión de Educación Cultura.
También participé en tres comisiones especiales:
- Comisión especial para análisis de la Iniciativa Popular Normativa “Prohibición de espectáculos que impliquen muerte o tortura de animales”, propuesta por el colectivo Diabluma.
- Comisión especial para la investigación del deslizamiento en la escombrera municipal El Troje.
- Comisión Especial para la admisibilidad de la Iniciativa Popular Normativa del Proyecto de Ordenanza para la derogatoria de Las Ordenanzas No 0196 de la valoración del suelo, No 0197 del impuesto predial y 0198 de la contribución especial de mejoras.
En representación del Concejo fui parte del directorio de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS.
COMISIÓN DE DESARROLLO PARROQUIAL
Cuando iniciamos el trabajo en la Comisión de Desarrollo Parroquial, decidimos que las sesiones se realizarían en forma itinerante en las parroquias rurales de Quito y así posibilitar que las vecinas y vecinos de la ruralidad participen en la discusión de sus problemas y en el conocimiento de las acciones que la administración municipal se comprometía realizar.
Constatamos, lamentablemente, junto con la ciudadanía, cómo la falta de políticas públicas acordes a la dinámica específica de la ruralidad han provocado un crecimiento de inequidad entre lo urbano y lo rural; evidenciado principalmente por la falta de infraestructura pública, y la ausencia de control del territorio, marcada por una limitada visión estratégica y de planificación. Un ejemplo de esto es la EPMMOP.
Desde el despacho se presionó para que se realicen las obras complementarias de la Ruta Viva que consistían en mejorar las vías principales de interconexión con los barrios, la construcción de aceras, un puente peatonal y la ciclovía; obras que debían realizarse con crédito de la CAF de siete millones trecientos ochenta mil dólares, gestionado por la administración municipal de Augusto Barrera; el proceso de desembolso del crédito demoró cuatro años. Las obras fueron ejecutadas a finales del 2018 y principios del 2019.
Un caso parecido es el de las obras planteadas por el propio alcalde para ser ejecutadas con un crédito externo de ciento treinta y siete millones de dólares, donde se incluyeron obras planteadas por los GAD. En la comisión evidenciamos las falencias de la EPMMOP en la priorización de muchas obras, por errores en los cálculos presupuestarios, por inexactitud en varios temas técnicos, por falta de socialización con los moradores e inclusive por incluir obras repetidas a causa de la falta de coordinación con las administraciones zonales, con los GAD parroquiales y con el Gobierno Provincial. El Ministerio de Finanzas suspendió el proceso del crédito debido a los altos índices de endeudamiento del Municipio.
De ese listado quedaron pendientes varias obras para las parroquias rurales; entre las cuales están: Vía a Chuspiyacu, Avenida Ilaló, obras complementarias de la prolongación de la Avenida Simón Bolívar, calles principales en Yaruquí y Checa, y otras en las parroquias Norcentrales.
Durante estos cinco años se ha exigido a las entidades municipales que pongan atención a la Estación de transferencia Cumbayá y Sistema de movilidad corredor El Quinche – Cumbayá – Plaza Argentina. Se propició la solución a los problemas de legalidad y ocupación del único predio público existente en la zona, fundamental como parte de este corredor. Se definió que la EPMMOP es la responsable de ejecutar esta obra.
Realizamos múltiples gestiones de fiscalización a esta empresa, como inspecciones, visitas de campo, mesas de trabajo, que devinieron en importantes logros para los barrios rurales como el Puente de La Armenia, Calle Carapungo quebrada de Chaquiscahuaico, Puentes de Tumbaco sobre la Ruta Viva en las calles José Vinueza y La Merced, Anillo Vial Collaquí, rehabilitación del ingreso de la parroquia de Nayón, acceso principal a la parroquia de Puembo, entre otros.
Así mismo hemos solicitado una respuesta integral al tema de transporte público en las parroquias rurales. Requerimos la reorganización de rutas y frecuencias, el tratamiento de las tarifas, la calidad de las unidades y el trato al usuario. Este debate constituyó un insumo fundamental en la construcción de las ordenanzas del modelo tarifario, de los sistemas inteligentes de transporte y de la política tarifaria, normativas que a pesar de estar aprobadas no se han ejecutado por parte del ente administrativo.
No podemos dejar de señalar el trabajo con las administraciones zonales y la Agencia de Control que han sido instancias sumamente débiles para cumplir con los requerimientos ciudadanos, especialmente de la ruralidad del Distrito.
Por ejemplo, convocamos reiteradamente a la Agencia Metropolitana de Control para que dé respuesta a temas como la vía pública Tolagasí – Cerro el Sauce. La fiscalización y seguimiento de este proceso permitió identificar, a los funcionarios de la EPMAPS, la posible falsificación de documentos por parte de la empresa constructora para la aprobación del sistema de alcantarillado; investigación que está siendo tratada en la Fiscalía.
Con el objetivo de precautelar las zonas rurales, ecológicas y agrícolas, como garantía de la sostenibilidad ambiental y la soberanía alimentaria, en coordinación con los GAD y diversos actores sociales y barriales, exigimos a la Secretaría de Territorio y a las administraciones zonales que tomen en cuenta la realidad de los territorios y la visión de sus pobladores en la elaboración de los planes especiales en las vías principales de Pifo, de la zona del Nuevo Aeropuerto de Quito y Tababela, de las parroquias Norcentrales de la Ruta Escondida y Noroccidentales de la Mancomunidad del Chocó Andino. Planes que ésta administración queda en deuda, al no haber actualizado o presentado ninguno para la aprobación del Concejo.
Es necesario señalar la insistencia, de esta concejalía, a las autoridades de planificación, control y administración municipal sobre la necesidad de proteger al Ilaló como patrimonio natural de la ciudad.
Una necesidad imperativa para los vecinos de Conocoto es el Camposanto por el cual hemos venido trabajando desde la administración municipal anterior. Se realizó un trabajo conjunto y extenuante con los directivos de la Cooperativa de Vivienda 13 de Abril de Itchimbía y el GAD parroquial. Este proceso refleja la falta de visión y compromiso por parte de los funcionarios municipales; a pesar de ello este proyecto está listo para ser conocido en primer debate en el seno del Concejo
Desde el 2015 realizamos seguimiento al valor del impuesto predial de las parroquias rurales; la preocupación inició en Nayón debido a que sus moradores denunciaron el cobro de montos sumamente altos y en algunos casos sobre terrenos afectados por intenciones viales. En el 2017 por la falta de visión de la Administración Municipal para aplicar las fórmulas planteadas por la ordenanza, se agravó el problema en toda la ruralidad. Desde la Comisión de Desarrollo Parroquial realizamos el seguimiento a las administraciones zonales para que socialicen el tema con los moradores, a la Dirección Tributaria y a Catastro para que verifiquen y corrijan los errores; incluso se realizó un estudio catastral especial en la parroquia de Nayón que concluyó a principios de este año.
Entre nuestros principales aportes legislativos, desde esta Comisión podemos señalar:
Construimos, con importante participación ciudadana, la Ordenanza que establece el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, aprobada el 12 de julio de 2018. La ordenanza busca preservar el legado material e inmaterial de los actores culturales y comunitarios garantizando la ejecución del encuentro mediante la dotación de recursos que prioricen su desarrollo como un espacio de integración y expresión de la ruralidad de Quito. Se reconoció, además, al 11 de septiembre como el día de la Cultura de la Ruralidad Quiteña en homenaje a los artistas y gestores culturales de la comuna de Llano Grande, fallecidos en un accidente de tránsito mientras retornaban del Encuentro de Nanegalito; merece una mención especial la investigación de la compañera Jenny Burga.
No podíamos dejar de lado, en esta ordenanza, los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, por eso acogimos el planteamiento del Consejo de Protección de Derechos que prohíbe la participación de menores de edad en eventos que promuevan estereotipos de género o discriminación.
La Perimetral Metropolitana, planteada hace más de 30 años, es una vía de carácter Distrital, fundamental para la movilidad, sin embargo, ni los Gad parroquiales ni los moradores de Nayón y Cumbayá conocían el estado, los estudios o las afectaciones de esta intención vial por lo que exigimos su socialización por parte de la EPMMOP y la Secretaría de Territorio, en las respectivas parroquias.
Debido a los graves problemas de movilidad en Cumbayá, en el sector del redondel de “Las Bañistas” establecimos, en una resolución de Concejo, que se contemple una disposición transitoria que excluye el tramo del trazado ubicado en el cruce del proyecto con la Av. Interoceánica, hasta que exista un nuevo informe, toda vez que se considera importante se dé una solución integral a la movilidad de esta parroquia.
El plazo para que la EPMMOP entregue los estudios se cumple el 27 de junio de 2019, informe que tendrá que conocer y aprobar el pleno del actual Concejo Metropolitano.
Una resolución de medidas afirmativas para la parroquia de Guayllabamba fue aprobada en febrero de 2015; en ella se establece la ejecución de varias medidas orientadas hacia la recuperación de las actividades económicas, afectadas por el cierre de la vía principal de acceso a causa del sismo del 12 de agosto de 2014 que generó graves problemas a los moradores de esta parroquia.
Tomando en cuenta que la Municipalidad a través de los años ha trabajado en fortalecer y promover el Carnaval de Amaguaña que por sus características ancestrales, naturales y patrimoniales se convierte en un referente de identidad local, propusimos que se institucionalice este evento como parte de las políticas culturales del Distrito en sus parroquias rurales; se buscó garantizar la inversión municipal permanente para la protección, defensa, conservación, promoción y acrecentamiento de este patrimonio intangible. Esta resolución se aprobó en noviembre de 2014.
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convencidos de la importancia de la participación ciudadana en la construcción del ejercicio democrático de la gestión pública, impulsamos la formulación de normativas que promuevan los mecanismos de participación ciudadana y control social para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la Constitución y leyes vigentes.
Con el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social se promueven todas las formas de organización social como expresión de la soberanía popular, bajo los principios de alternabilidad, inclusión, equidad de género, generacional y territorial y el uso del diálogo como forma de construir consensos y resolver conflictos.
Coordinamos tres foros ciudadanos en el Centro Cultural Metropolitano, en el Salón de la 
Ciudad y en la FLACSO; realizamos activaciones públicas en paradas de transporte, en las parroquias rurales y en instituciones educativas; elaboramos material de difusión impreso y en redes, promovimos reuniones con grupos culturales y con varias organizaciones sociales, parroquiales y barriales. Esta ordenanza que fue aprobada en febrero de 2016 permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones sobre la gestión pública e incidir en la construcción, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas municipales.
Como vicepresidenta de esta comisión, participé en el tratamiento de la ordenanza que promueve y regula el Gobierno Abierto, como una política institucional de gestión municipal. Esta iniciativa fue aprobada por el Concejo Metropolitano en septiembre de 2017.
Apoyamos el proyecto de ordenanza de Cogestión, que establece los mecanismos de la municipalidad, no solamente para la obra pública, sino también para la ejecución de proyectos de inversión social. Aprobamos esta normativa para segundo debate, en abril de 2019 y está a la espera de su tratamiento y aprobación definitiva en el Concejo Metropolitano.
COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
Como miembro de la Comisión de Educación y Cultura, aporté en la construcción de varias iniciativas legislativas, de esta manera se logró aprobar la ordenanza No 0186 de la Oferta Educativa Extraordinaria en el DMQ, la ordenanza No 059 que regula el Proceso de Ingreso a Instituciones Educativas Municipales, la ordenanza No 224 referente a los Premios Culturales, Artísticos, Científicos y Educativos y la resolución del Concejo sobre la institucionalización del Día de las Banderas Rojas de Espejo.
En cada una de estas ordenanzas se buscó fundamentalmente que exista equidad en el acceso tanto a las actividades culturales como a la oferta educativa para el sector urbano y rural en igualdad de condiciones.
Trabajamos conjuntamente con nuestro delegado permanente, el concejal alterno Luis Aguilar quien, con su experticia en el tema, aportó en talleres y mesas de trabajo con gestores, actores y promotores culturales en el proyecto de ordenanza del Sistema Metropolitano de Cultura.
Coordinamos con padres y madres de familia en la institucionalización y democratización de la educación municipal, de manera que se enmarque dentro de la Constitución y la Ley y recupere su calidad y prestigio.
DIRECTORIO EMGIRS
Como miembro del Directorio de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, he mantenido una fiscalización permanente; dentro de lo más destacado está la gestión realizada desde el despacho, promoviendo mesas de trabajo, gracias a esto ahora se encuentra en proceso la subsanación e incorporación en el catastro municipal diez de los dieciséis predios sobre el cuales se asienta el Relleno Sanitario de El Inga.
Como parte del directorio he solicitado exámenes especiales a la contraloría, entre esos el realizado a la Planta de Separación de Residuos Sólidos de la Estación de Transferencia Sur, donde se han invertido más de cuatro millones y medio, y ha generado pérdidas de 30 mil mensuales mientras estuvo activa, hoy sigue sin funcionar, sin que la gerencia actual haya planteado una solución, provocando pérdidas a la ciudad, lo que suma a la situación decadente de la empresa, por lo que en el 2016 se planteó la implementación de una nueva Estación de transferencia norte y planta de separación de residuos ordinarios sur del Distrito Metropolitano de Quito, mediante una Alianza Publico Privada, proceso que estuvo lleno de irregularidades desde el inicio, por lo que fue dado de baja hasta el mes pasado, donde se reactivó sin que haya sido puesto en conocimiento del Directorio, y sin una justificación apropiada, por lo que insistí en el tratamiento de esto mediante oficio al alcalde, para ser tratado en el seno del Concejo.
La fiscalización ha permitido exigir soluciones permanentes a problemas que afronta la empresa como lo que ocurre con las plantas de tratamiento de lixiviados, que han vuelto a funcionar luego de encontrarse paradas por más de dos meses, de igual manera el incinerador de fauna urbana, la gerencia de la empresa han tardado en informar la ejecución de un plan de acción, y solo se han realizado escuetas acciones concretas para solucionar este y otros problemas.
Con la finalidad de cumplir con el objetivo de fortalecer el modelo de auto sustentabilidad de esta empresa pública, teniendo en cuenta los temas fundamentales que esta maneja hemos realizado seguimiento a la ordenanza del pliego tarifario por los servicios que presta la empresa, misma que fue tratada en concejo en primer debate, y que por la falta de respuestas oportunas de la municipalidad y por el cambio constante de gerentes hasta el momento no es aprobada, encontrándose actualmente en manos de la Procuraduría. Situación igual se planteó en su momento sobre a tarifa por ingreso de escombros entre la empresa Metro de Quito y la EMGIRS, también analizado por la Contraloría General del Estado.
Mis gestiones y planteamientos han sido para encontrar soluciones definitivas a la operación de la empresa, lo que ha sido puesto en conocimiento de manera insistente a cada gerente y al alcalde metropolitano. Ya que estos problemas necesitan enfrentarse y ser resueltas con la importancia que amerita el caso y de manera integral.
ACCIONES EN EL CONCEJO METROPOLITANO
En miras de un crecimiento democrático e incluyente de la ciudad, hemos realizado una fiscalización permanente de la Ordenanza No 127, del Plan de Uso y Ocupación del Suelo, PUOS, donde identificamos varias irregularidades, cambios que no fueron aprobados por el Concejo, situación que puse en conocimiento de la Fiscalía.
Hemos aportado con observaciones puntuales en varias ordenanzas referentes a la gestión de uso del suelo, como planes especiales y PUAE, entre esos San Patricio, evidenciando afectaciones no previstas inicialmente.
Incluimos una sección a la Ordenanza No 0147 (aprobada en el 2016) que establece consideraciones especiales para la regularización de barrios en parroquias rurales, a partir del conocimiento de los problemas de regularidad de la propiedad de la tierra. En esta misma línea permanentemente hemos verificado el cumplimiento de normativa y he solicitado la inclusión de un artículo en las ordenanzas de Regularización de Barrios aprobadas, con el fin de precautelar la vida de los ciudadanos, y evitar que ocurran episodios que no pueden repetirse como el ocurrido en Santa Teresita – Conocoto, o El Barrio Osorio, en el Pinar alto.
Se logró el pago del precio justo, para varios predios que se encontraban para la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación especial, permitiendo la corrección de la valoración de los predios, de manera que la municipalidad ahorró más de dos millones y medio de dólares por la expropiación de predios donde había indicios de tráfico de tierras.
Se realizaron serios cuestionamientos al manejo presupuestario, principalmente a la ineficiente ejecución de presupuestos participativos de las administraciones zonales y también de las empresas municipales, como la EPMMOP, aportando con la inclusión de una disposición en la ordenanza del presupuesto anual del 2017 mediante la cual se obliga a las empresas y entidades municipales a la presentación al Concejo de un informe cuatrimestral de ejecución presupuestaria y programática de dependencias, para un mejor control y seguimiento por parte del cuerpo edilicio.
Entregamos la Mención de Honor “Marieta de Veintimilla” por Servicios Relevantes a la Ciudad, a la “Mancomunidad del Chocó Andino” conformada por los Gobiernos Parroquiales de Calacalí, Nono, Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea por su trabajo y participación en la declaratoria de su territorio como “Reserva de Biosfera del Chocó Andino y parte de la Red Global de Reservas de Biosfera” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Entregamos también la Mención de Honor “Marieta de Veintimilla” al Taller de artes 
escénicas Eclipse Solar por su trayectoria artística de treinta y cinco años que lo han constituido como referente en el teatro popular con contenido social, humor y sal quiteña.
Realizamos mesas de trabajo con actores sociales, emprendedores y productores de las parroquias rurales de Chavezpamba, Pacto, Calderón y Lloa para la realización de Ferias Inclusivas de Economía Popular Y Solidaria. Los criterios de los participantes en estos eventos se constituyeron en insumos para la equidad de acceso de los sectores rurales a las políticas municipales de contratación de productos y servicios.
En el marco de la realización del Derecho a la Ciudad y convencidos de que se debe implementar un nuevo modelo de desarrollo urbano que garantice el derecho al Buen Vivir, en conjunto con el concejal Carlos Páez, impulsamos el proceso de formación popular denominado Escuela Manuela Espejo, en el que realizamos un esfuerzo de capacitación a actores sociales, líderes barriales, profesionales y estudiantes, con el propósito de generar liderazgos que promuevan acciones de participación en las políticas públicas locales y nacionales, defendiendo el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la equidad y la justicia social. Se ejecutaron seis procesos en las parroquias de Amaguaña, Calderón, Conocoto, San Antonio de Pichincha, en la cabecera parroquial y en barrio Chuspiyacu en Tumbaco.
En coordinación con la Fundación Terranueva y la Escuela de Formación ciudadana Manuela Espejo realizamos las Ferias Ciudadanas por el Buen Vivir Rural, como un espacio de integración para fomentar el desarrollo productivo. Se ejecutaron dos ferias con emprendedores locales pertenecientes a la red de economía popular y solidaria en Calderón y Tumbaco.
Promovimos diálogos por la ciudad en el esfuerzo de construir espacios de reflexión y debate que se orienten a fortalecer la incidencia de diversos actores de la sociedad sobre las políticas públicas en los territorios. Por este motivo realizamos el conversatorio denominado Presente y futuro del desarrollo urbano de Quito, conjuntamente con organizaciones de profesionales como “Quito Intervención” y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador para plantear propuestas que puedan convertirse en nuevos retos de desarrollo.
Durante dos temporadas produjimos para Radio Pública FM el Programa Siente
Ruralidad como un espacio de diálogo y reflexión sobre la cultura y realidad de la ruralidad, sus problemas y aportes en la construcción del Distrito y el país. De esta manera pudimos interactuar con varios actores nacionales y locales y analizar temas de género, desarrollo territorial, emprendimiento y productividad.
Realizamos un acuerdo de vinculación entre la Universidad Central, carrera de Gestión en Gobiernos Locales, y GAD parroquiales para promover el turismo en las parroquias mediante la vinculación de veinticinco alumnos de esa carrera y la elaboración de sus proyectos de turismo y cultura, la realización de prácticas y la elaboración de sus tesis. La información recopilada ha sido un insumo para la gestión de los GAD parroquiales y la concejalía.
Realizamos tres procesos de capacitación con alrededor de ochenta participantes con el objetivo de formar a líderes sociales y barriales y la construcción de agendas de desarrollo. El esfuerzo estuvo enfocado en temáticas de participación ciudadana y la dotación de herramientas y técnicas que permitan la organización y transformación del territorio en beneficio de todos sus habitantes. Los talleres se realizaron en Conocoto Alto, Píntag y con los integrantes de la Banda Municipal.
OTRAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
Se ha realizado el seguimiento del Fondo de Inversión Social «Quito Solidario» que financia el programa de salud y educación y compensaciones asumidas por el MDMQ, detectando que el manejo, control y transferencias realizadas no cuentan con los respaldos que corresponden ni existe documentación que avale el cumplimiento de los procesos y procedimientos aprobados por el mismo Comité Administrador, lo que constituiría manejo ilegal de los recursos públicos. El expediente fue enviado a la Contraloría General del Estado con la solicitud de inicio de un examen especial.
Formé parte, como vicepresidenta, de la Comisión Especial que investigó las causas del deslizamiento de tierras producido en la escombrera Troje 4 Fase II, acontecimiento trágico que dejó como consecuencias una persona fallecida, afectó el canal de agua del Río Pita-Tambo que abastece a las planta de tratamiento Puengasí, Conocoto y el Placer, desabasteciendo del servicio de agua potable durante varios días a más de 600.000 habitantes, con un costo social y económico considerables.
Al finalizar la investigación se concluyó que lo sucedido en la escombrera el Troje 4 fase II, fue el resultado, entre otras cosas, de la inoperancia de varias dependencias municipales, por no tomar medidas preventivas oportunas, así como por falta de gestión de la Contratista Consorcio El Troje-Oyacoto; pese, a existir advertencias respecto a un posible riesgo de desestabilización, las diferentes dependencias no tomaron las medidas preventivas oportunas. Un detonante del problema lo constituyó la recepción de material saturado proveniente de los trabajos de excavación de la obra del Metro de Quito.
El informe de la Comisión Especial, fue presentado al pleno del Concejo Metropolitano que lo acogió y aprobó; contemplaba, entre otras recomendaciones: el cierre temporal de la escombrera El Troje 4 fase II; quince días de plazo para que EMRGIS-EP presente ante el Concejo Metropolitano, el Plan de escombreras del Distrito; remitir el informe a los organismos de control pertinentes, a fin de que se determine el grado de responsabilidad de los servidores a cargo de las entidades municipales implicadas; solicitar al alcalde metropolitano realice una evaluación a la gestión de las dependencias municipales a su cargo.
El Concejo Metropolitano conformó la Comisión Especial para análisis de la Iniciativa Popular Normativa «Prohibición de espectáculos que impliquen muerte o tortura de animales» propuesta por el colectivo Diabluma, de la que fui parte. El informe de mayoría, propuso que la iniciativa sea conocida por el Concejo Metropolitano; se impulsó el uso de la silla vacía para los proponentes, de acuerdo a la Constitución y el COOTAD. El tratamiento del tema fue permanente postergado por parte de la alcaldía, contraviniendo normas legales y, finalmente, el Concejo Metropolitano lo negó.
El Concejo Metropolitano creó una Comisión Especial para la admisibilidad de la Iniciativa Popular Normativa del Proyecto de Ordenanza para la derogatoria de Las Ordenanzas No 0196, 0197 y 0198, proyecto presentado por vecinos de la parroquia de Nayón. No se admitió su tratamiento en el Concejo por abordar temas presupuestarios que son de competencia exclusiva del alcalde.
FINALMENTE
Nuestro ejercicio de fiscalización ha estado presente durante estos casi cinco años, no solamente en el pedido de información a la administración municipal, sino en las reuniones con las autoridades de los GAD y los ciudadanos y ciudadanas del Distrito, pero también en la presentación de denuncias en la Contraloría General del Estado y en la Fiscalía que es donde, finalmente, deberán resolverse las dudas e inquietudes de la ciudadanía.
Nuestra preocupación radica frente a los acontecimientos actuales; es necesario hacer un llamado a todos y todas a no perder la fe y comprometernos a fortalecer la organización social, es allí donde está el poder de las personas, somos sujetos de derechos y debemos defenderlos; la defensa de lo nuestro, de lo construido en esos procesos históricos, está en la organización.
Es nuestra responsabilidad construir nuevos escenarios para enfrentar esta arremetida que quiere dar fin a importantes avances y logros que costaron la vida y los sueños de hombres y mujeres comprometidas por alcanzar equidad y justicia.
No podemos cerrar los ojos y volvernos insensibles o esperar que sean otros los que salgan a protestar por nosotros y nosotras. Creo que se actualiza el pensamiento humanista del Che, quien decía: “La Revolución no es únicamente una transformación de las estructuras sociales… es además una profunda y radical transformación de los hombres (y de las mujeres), de su conciencia, costumbres, valores y hábitos, de sus relaciones sociales”. La revolución, ahora, debe ser profundamente feminista e incorporar los sueños de los jóvenes por tener futuro.
Mientras tanto la EMGIRS ha venido cobrando a los usuarios una tarifa para el ingreso de material de 0,57 dólares por metro cúbico hasta la presente fecha. El desfase de ingresos y egresos sin duda ha dejado pérdidas no solo a la empresa, sino que ha limitado la operación de las escombreras, hecho que está siendo examinado por la Contraloría General del Estado.
En este sentido la Procuraduría General del Estado el 20 de junio del 2018, emitió una respuesta a varias consultas realizadas por el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, sobre las normas que regulan las alianzas estratégicas, y establece:
La reducción de presupuesto del 2014 al 2018 es de más de 8 millones de dólares.
Cabe señalar que la administración municipal anterior, en el año 2014 dejó listo un proceso para el estudio técnico para la “Revitalización Urbanística y Paisajística del Centro Parroquial”, sin embargo los resultados de este estudio no han sido presentados a la comunidad.
Susana Castañeda 